Transmedia.cl - El Gobierno analiza la posibilidad de sumarse a la corriente de software libre pregonada en el Tercer Mundo como alternativa a los elevados precios de los programas patentados por las compañías del Primer Mundo.

El porcentaje es el mismo que el apuntado en el 2003 por la organización que aglutina a las empresas propietarias de patentes de software.Este elevado índice de ilegalidad causó a las compañías norteamericanas pérdidas por 11 millones de dólares.

El país que mayores daños económicos provocó a las citadas empresas en el 2004 es el Brasil, con 659 millones de dólares (519 millones en el 2003) y una tasa de ilegalidad del 64%. En Argentina, donde el 75% del software instalado es pirata, las pérdidas alcanzaron 108 millones de dólares frente a 69 millones de 2003.

En México (65% de piratería) las pérdidas ocasionadas ascendieron a 407 millones de dólares (369 millones en 2003).

Otros países de alto índice de piratería informática son, según el informe, Bolivia, El Salvador y Nicaragua (80%), Venezuela y Guatemala (79%) y República Dominicana (77%).

"Creemos que el aumento de la piratería de software en Brasil y en el resto de América Latina se debe a una combinación de más ventas de computadores personales en reventas locales y al aumento de la disponibilidad de software pirata por medio de Internet", dijo André Almeida, consultor jurídico de BSA en Brasil y miembro del Consejo Nacional de Combate a la piratería del gobierno brasileño, según reportó AFP.

RECHAZO PARAGUAYO

El viceministro de Industria, Jorge von Horoch, y la directora de Propiedad Intelectual, Astrid Weiler, fundamentaron su rechazo al documento destacando que la organización norteamericana nunca dio a conocer la metodología que utiliza.

Las autoridades del MIC desde el año pasado vienen solicitando a la BSA una explicación sobre los mecanismos utilizados para el estudio, pues sospecha que estarían usando datos erróneos, pero el organismo no da respuestas. Desde el año pasado, la secretaría de Estado insiste en firmar un convenio de cooperación, pero el pedido no es atendido, mientras siguen saliendo informes que no justifican los mecanismos utilizados para condenar a los países.