La jurista, que ofreció una conferencia en el curso 'Cibercrimen y globalización' que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla organiza en su sede de Carmona, consideró que la tecnología avanza 'a pasos agigantados' y el derecho, 'muy conservador' no es capaz de contemplar todos los matices de esta realidad 'en plena evolución'.

Prados habló de la dificultad de la legislación española para castigar los delitos en la red en cuanto 'Internet es algo globalizado e internacionalizado frente a la legislación que tiene fronteras y limitaciones'. 'El único caso en el que actúa el derecho es en el despido laboral por mal utilización de las nuevas tecnologías', añadió.

Así, indicó que para la resolución de conflictos en la red, los tribunales quedan en un segundo plano, y es el arbitraje y la intermediación entre afectados los que garantizan una solución a la estafa o disputa.

En este sentido, afirmó que existen leyes, como la Ley General de Telecomunicaciones o la Ley Social de la Información y del Comercio Electrónico que velan por la protección de datos y por la seguridad. No obstante, aseveró Prados, 'sostienen una legislación muy básica que carece de definición normativa'.