Además, Bruselas pretende facilitar la localización de las fuentes de financiación de los grupos terroristas e indagar en las razones que llevan a algunos jóvenes a la radicalización violenta.

Las propuestas buscan comenzar a dar una respuesta común al problema terrorista, según dijo el comisario europeo de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini.

Para facilitar esa lucha, la Comisión aprobó una directiva que prevé retener las comunicaciones por teléfono fijo y móvil durante un año, mientras que las realizadas por internet se retendrán durante seis meses.

El objetivo es armonizar 'las normas enormemente diferentes' que existen sobre este asunto en los 25 países de la Unión Europea, una armonización que 'es esencial para las investigaciones', afirmó Frattini en una conferencia de prensa.

Una novedad del texto es que, tras la fuerte oposición de las empresas de comunicaciones por los elevados costes que les supondría aplicar esta retención de datos, se incluye un 'mecanismo de recuperación' de parte de esos gastos.

La propuesta contempla la necesidad de que los Estados miembros controlen que los operadores de comunicaciones electrónicas obtengan la devolución de los 'costes extras que justifiquen haber soportado para cumplir con las obligaciones de la directiva'.

También detalla con mayor precisión los datos que deberán ser almacenados y que deberán ser suficientes para identificar la fuente y el destino de una comunicación; su fecha, hora y duración; el tipo de esa comunicación y el dispositivo utilizado.

Tanto la presidencia británica de turno de la UE como el Parlamento Europeo se han mostrado convencidos de que esta nueva propuesta podría ser aprobada antes del final de año.

Esta medida se completa con otra nueva iniciativa de la Comisión para reforzar la protección de los datos de los ciudadanos, que Frattini ha anunciado para la primera semana de octubre.

Esta iniciativa tratará de responder a las preocupaciones expresadas por algunos colectivos por la intrusión en la privacidad que puede suponer el almacenamiento de los datos de las comunicaciones.

La directiva supone un cambio de base legal respecto a otro texto anterior, de una decisión-marco, en el que los Estados miembros no han sido capaces de ponerse de acuerdo hasta ahora.

Otro de los documentos presentados por la Comisión se refiere a la radicalización y el reclutamiento para actividades terroristas, cuyo objetivo principal es descubrir cuáles son las raíces de estos movimientos extremistas.

'Vamos a centrarnos en todos los factores principales de la radicalización', afirmó Frattini.

Este documento es la contribución del Ejecutivo comunitario a la estrategia general sobre este tema que la Presidencia de la UE espera adoptar antes de final de año.

El texto aboga por fomentar la educación de los jóvenes, el diálogo intercultural e interreligioso y controlar la propaganda que circula por Internet y en los medios de comunicación para acabar con el caldo de cultivo que fomenta el reclutamiento de terroristas.

Hace hincapié en la necesidad de fomentar el diálogo con todo tipo de movimientos extremistas violentos, ya sean nacionalistas, anarquistas, separatistas o de extrema izquierda o derecha.

En cuanto a la financiación, la Comisión propone firmar la convención del Consejo de Europa sobre blanqueo y confiscación de productos del crimen y para financiar el terrorismo.

Por último, el Ejecutivo comunitario presentó una propuesta de proyectos piloto para mejorar la coordinación de los sistemas nacionales de alerta rápida en casos de emergencia.

Se trata de una oferta de cofinanciación de proyectos que se desarrollarían durante 2005 y 2006, y a los que podrían enviar propuestas todos los Estados miembros.

Los proyectos deberán centrase en información pública sobre terrorismo; mejora de la seguridad de las infraestructuras esenciales; estudios sobre la radicalización violenta o fomento de medidas preventivas en áreas de religión, educación o comunicación.

Este nuevo conjunto de medidas se enmarca en la estrategia global contra el terrorismo de la UE, aprobada tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y que los líderes de la Unión pidieron acelerar tras los ataques de Londres del pasado 7 de julio.