Noticias relacionadas

Apoyaron ambas iniciativas, de textos casi idénticos, los grupos de IU-ICV, ERC, BNG y CHA, mientras que CiU, PNV, PP y PSOE votaron en contra de su admisión a trámite. El diputado de IU-ICV Joan Herrera señaló en la defensa del texto presentado por su grupo que el software libre es una "exigencia contra una situación monopolística" y que contribuye a potenciar una sociedad más democrática, al tiempo que ensalzó las virtudes de los programas de estas características, que, según dijo, "son más seguros, más completos, más fáciles de usar y gratuitos".

Así, Herrera recordó que el Ministerio de Administraciones Públicas ha recomendado su uso como "la única forma de convergencia tecnológica con Europa", y que ya se utilizan con éxito en comunidades como la extremeña, la andaluza, valenciana o madrileña, además de en países como Italia o Bélgica.

El diputado 'verde' también advirtió del peligro de los programas bajo licencia, que permiten el acceso de los fabricantes a los ordenadores de los usuarios --"o del Ministerio de Interior o de Asuntos Exteriores", entre ellos-- por las llamadas "puertas traseras" de sus sistemas operativos, a los que sólo ellos tiene acceso.

Por su parte, el otro proponente, Jordi Ramón Torres, diputado de ERC, suscribió los argumentos del portavoz de IU-ICV y añadió que el uso de estos programas ya no está restringido a expertos, y llegó a cuantificar en 3.000 millones de euros en dos años el ahorro que supondría para la Administración central la adopción de este sistema, además de las ventajas para ser configurados en las distintas lenguas cooficiales del Estado.

El diputado de ERC aseguró que "es falso que sean programas más inestables" sino que, al contrario, su seguridad garantiza mejor los derechos civiles y la privacidad. "Esta es una gran oportunidad, porque si el Estado deja de ser el cliente cautivo puede emplear el dinero de todos en otras cosas que considere más prioritarias", dijo Ramón, que reclamó no desaprovechar una oportunidad "para la izquierda".

Neutralidad tecnologíca y libertad de mercado

Por parte del Grupo Socialista, Lourdes Muñoz aseguró que "los monopolios no son buenos" pero que no se puede restringir la libertad de elección, por lo que recordó que el Gobierno y el PSOE han puesto en marcha políticas de impulso al software libre para facilitar la accesibilidad a las páginas web de la Administración para que el ciudadano no se vea obligado a adquirir un software, pero sin vulnerar la libre competencia.

La diputada socialista insistió en que desde su partido se cree en el desarrollo basado en dos criterios: "la neutralidad tecnológica y de eficacia". Por ello, señaló que su grupo está de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, pero no con el articulado, ya que a su juicio "ésa no es la manera de promocionar el software libre, porque hace falta más consenso".

Por último, adelantó que el Grupo Socialista va a presentar una propuesta para que se inste al Gobierno a un compromiso de impulso de este tipo de programas "como opción de libertad, pero garantizando la libertad del usuario".

José Ignacio Echániz, diputado del PP explicó el rechazo de su grupo por considerar la proposición "fruto del dirigismo tecnológico y limitadora de la libertad". "Los gobiernos no deben regular para crear alternativas que ya existen. Si el software libre es tan bueno, ¿por qué no dejan que compita en el mercado?", se preguntó. Echániz tildó la iniciativa de discriminatoria, y advirtió de que puede ir en contra de la libertad de mercado, las normas de contratación pública y la propiedad intelectual.

Por otra parte, Echániz negó que se haya aprobado ninguna iniciativa similar en ningún país del mundo, y previno sobre los efectos negativos para el mercado doméstico de innovación y pequeñas empresas de programas con licencia.

Jordi Vilajoana, diputado de CiU, expresó que su grupo no apoyaría la tramitación del Proyecto de Ley en la línea con lo redactado por entender que afecta a la libertad de competencia y de elección del usuario, si bien apoyó que se hagan actuaciones en línea con la potenciación del 'software libre'. En este sentido, pidió que no se hagan "brindis al sol de 'progres'", y aseguró que se han hecho progresos en la difusión del uso de programas libres.

Además, recordó que incluso en las pruebas de selección para puestos públicos en Cataluña se pide a los aspirantes que expliquen de memoria el funcionamiento de programas como el Office de Microsoft, al no disponer de ordenadores para hacer la prueba, por lo que desaconsejó una ley en esta línea por "razones de eficacia".

Por último, Francisco Rodríguez, del BNG defendió las virtudes de estos programas y su carácter social, mientras que José Antonio Labordeta (CHA) apoyó las motivaciones de IU-ICV y ERC, además de hacerse eco de las peticiones de usuarios jóvenes, ante las que dijo haberse sentido "impresionado". Para José ramón Beloki, del Grupo Vasco, la proposición presentada cae en "errores de concepción como identificar el software libre con el gratuito y el de código fuente accesible, lo que no siempre ocurre".

Ayer no fue la primera ocasión en que el Congreso de los Diputados debatía sobre el software libre y su implantación en la Administración. El 16 de septiembre de 2002 fue rechazada una proposición también de ley presentada por ERC. Una ley similar fue debatida en el Parlamento catalán el 25 de octubre del 2002. Fue rechazada por el entonces grupo mayoritario de la cámara, CiU, con el apoyo del Partido Popular