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La sombra de 1984 se cierne sobre las decisiones de los gobernantes que
desean controlar las actividades de sus ciudadanos siempre en aras de la
defensa del Estado. |
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Agencias y redacción.- El presidente de EEUU, George W. Bush, afirmó hoy que
tiene atribuciones constitucionales y legales para iniciar y continuar con un
programa de espionaje electrónico dentro de su país que ha causado protestas
entre miembros del Congreso.
"Los dirigentes del Congreso han sido informados una docena de veces acerca
de este programa", dijo Bush, quien resultó acribillado a preguntas sobre
el espionaje electrónico durante una conferencia de prensa de casi una hora en
el Salón Este de la Casa Blanca.
El pasado viernes el diario "The New York Times" reveló que desde 2002, el
presidente Bush había autorizado a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por
sus siglas en inglés) a espiar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de
ciudadanos estadounidenses sin el permiso del tribunal especial que maneja esos
casos.
Bush aclaró que ha autorizado la práctica más de 17 veces y matizó que la
escucha se practica en comunicaciones internacionales desde y hacia EEUU y
sobre personas a quienes se considera vinculadas a Al Qaeda, pero no afecta las
comunicaciones dentro del país.
La controversia estalló mientras el Congreso debate la extensión de varias
estipulaciones de la llamada Ley Patriota antiterrorista, promulgada poco
después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU.
El secretario de Justicia, Alberto González, en una conferencia de prensa pocas
horas antes en la Casa Blanca, sostuvo que "la ley que autorizó al
presidente para que usara la fuerza militar contra el terrorismo le dio
autorización inherente para el programa de escuchas electrónicas".
El general Michael Hayden, ahora subdirector nacional de Inteligencia y quien
fuera jefe de la NSA cuando se iniciaron las escuchas, dijo que "de forma
inequívoca, EEUU ha obtenido información con este programa que de otra manera
no hubiese estado disponible".
La NSA, establecida en 1952, cuenta con unos 30.000 funcionarios -criptógrafos,
matemáticos, lingüistas, expertos en comunicaciones- y un presupuesto anual de
unos 7.000 millones de dólares. Su misión es el espionaje de comunicaciones en
el exterior de Estados Unidos.
La autoridad para llevar a cabo esas escuchas "fue revisada cuidadosamente cada
45 días para garantizar que se usa de manera adecuada", dijo Bush.
"El programa ha interferido eficazmente las operaciones del enemigo y al
mismo tiempo se lleva a cabo salvaguardando nuestras libertades civiles",
añadió.
El presidente dijo que "ha sido un acto vergonzoso el divulgar este programa
tan importante en tiempo de guerra" y "el hecho de que estemos hablando sobre
este programa ayuda al enemigo".
"Estamos en guerra y debemos proteger nuestros secretos nacionales",
añadió Bush, quien dijo que el programa de espionaje continuará "en tanto el
país enfrente la amenaza de un enemigo que quiere matar a estadounidenses".
El almirante retirado Boby Ray Inman, quien fuera director de la NSA
cuando el Congreso aprobó en 1978 la ley que limitó el papel de esta
agencia al espionaje interno y estableció el tribunal secreto para atender los
pedidos del Poder Ejecutivo, dijo que "aquella barrera se impuso para
proteger las libertades civiles".
"Lo que no entiendo", dijo Inman en declaraciones para la cadena pública
NPR, "es que (la administración Bush) haya recurrido a las escuchas sin
permiso del tribunal después de que se promulgó la Ley Patriota que,
supuestamente, había atendido esas necesidades".
La indignación de algunos miembros del Congreso también se expresó en la
televisión.
"Esto es una escandalosa apropiación de poder", dijo el senador
demócrata Russ Feingold.
"Nadie pensó, cuando aprobamos la resolución para la invasión de Afganistán
y para la lucha contra el terrorismo, que esta autorización permitiría un
espionaje interno que viola la ley de EEUU", agregó.
El republicano Arlen Specter, quien preside el Comité Judicial del Senado, dijo
que promoverá audiencias sobre este asunto. "Ellos (la Casa Blanca)
hablan de una autoridad constitucional", señaló Specter, pero "hay
límites a lo que puede hacer el presidente".
El líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid,
también pidió una investigación, y líderes demócratas en la Cámara de
Representantes pidieron al presidente de la cámara, Dennis Hastert, un
republicano, que cree un panel bipartidista a fin de hacer lo mismo.
“El presidente, creo, ha fabricado una ley que
nosotros nunca aprobamos”, sentencio el senador demócrata Russell Feingold
al considerar que el presidente interpretó a su particular manera la ley
aprobada. Un poder por encima de los ciudadanos
El senador republicano, Lindsey Graham, dijo que
la decisión de Bush era perturbadora. “Si se permite a Bush que decida de
manera unilateral quiénes son los terroristas potenciales, entonces él se
convierte en un tribunal”, declaró Graham en un programa de televisión de la
cadena CBS.
“Estamos en guerra y aplaudo al presidente por ser agresivo”, dijo Graham,
quien también pidió que el Congreso investigue. “Pero no podemos dejar de
lado el imperio de la ley en una época de guerra”. |