En noviembre de 2004, el SDC archivó las denuncias que la AI, la Asociación de Usuarios Españoles de Linux (Hispalinux) y el abogado Javier de la Cueva presentaron sucesivamente entre septiembre de 2003 y febrero de 2004 contra la aplicación de una remuneración compensatoria en los formatos de grabación digital. Dichas demandas se sostenían en dos conceptos legales: "abuso de posición dominante" y "fijación de precios", señala la AI.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, aseguró que el canon "es una conducta amparada por la ley" y que el mismo "desarrollo acelerado" de estos soportes digitales "se vio favorecido por el hecho de que sus comercializadores se negaban a pagar a las entidades de gestión la remuneración por copia privada".

Ahora, el TDC ha ordenado al SDC la reapertura de las denuncias archivadas para que lleve a cabo la investigación de los hechos denunciados "por las prácticas restrictivas de la competencia al imponerse de forma unilateral un canon por nada que ha llegado ya a superar incluso el coste de fabricación de los soportes digitales", indica la Asociación de Internautas.