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Agencias - El Gobierno suizo estudia permitir que las autoridades policiales
del país recurran a las escuchas telefónicas y a la instalación de micrófonos
en lugares privados como medios para mejorar la lucha contra el terrorismo.
La Oficina Federal de la Policía suiza (Fedpol) quiere incrementar sus recursos
para combatir el terrorismo, el extremismo violento y la proliferación de las
armas en Suiza, por lo que ha preparado y publicado un anteproyecto de ley en
el que se propone la aprobación de nuevos instrumentos de contraespionaje.
Se trata de la actualización de una versión anterior que el ministro de
Justicia y Policía y líder de la ultraderechista Unión Democrática de Centro (UDC),
Christoph Blocher, rechazó en su día por considerarlo excesivamente intrusivo
en la vida de los ciudadanos.
De ser aprobado con su redacción actual, las medidas propuestas en el nuevo
texto permitirán a la Fedpol llevar a cabo investigaciones especiales por medio
de la vigilancia de las comunicaciones, concretamente del correo postal, el
electrónico y el teléfono.
Además, permitirá vigilar lo que ocurre en lugares poco accesibles, como las
habitaciones de hotel, por medio de la instalación de micrófonos si es
necesario, o el registro secreto de los sistemas informáticos.
En cualquier caso, el texto de la ley establece que ese tipo de mecanismos ha
de ser utilizando como último recurso y supeditado a ciertas condiciones, entre
ellas que "exista un caso concreto de amenaza para la seguridad interior o
exterior de Suiza".
En ese sentido, añade que "la gravedad y la naturaleza de la amenaza deberán
justificar las medidas utilizadas" y que previamente se tendrá que haber
comprobado que otros recursos más habituales de investigación son
insuficientes.
En definitiva, el texto defiende que las nuevas medidas se tienen que utilizar
lo menos posible, con el objetivo de garantizar al máximo los derechos
fundamentales de las personas afectadas.
Para evitar abusos, el anteproyecto establece que el recursos a esos métodos
deberá ser aprobado en cada caso por una comisión de control independiente,
compuesta por tres especialistas en el ámbito de la protección de los derechos
fundamentales y de la seguridad.
Si esa comisión lo aprueba, el caso será remitido al ministro de Justicia y
Policía, que deberá pronunciarse igualmente.
En los casos muy urgentes, el director de la Fedpol podrá ordenar la
investigación especial, pero deberá remitir una demanda de aprobación a
posteriori en el plazo máximo de 24 horas |