Según el informe elaborado por el Ejecutivo comunitario con los resultados de
una consulta pública, los consumidores se benefician ya, a precios abordables,
de un acceso generalizado a las comunicaciones móviles en sus países de origen
y, hasta ahora, sólo una minoría dispone de conexiones de Internet de alta
velocidad. El coste de una extensión de las obligaciones de servicio universal a
ambos sectores excedería, en consecuencia, los beneficios para los consumidores.
'Este estudio refleja un acuerdo general de las partes sobre el hecho de que es
preferible dejar al mercado el suministro de servicios móviles y de un acceso a
Internet de alta velocidad, salvo si existen problemas estructurales, como la
lejanía geográfica, que justifiquen inversiones públicas específicas para colmar
la brecha existente en cuanto a la banda ancha', declaró la comisaria de
Sociedad de la Información, Viviane Reding.
El Ejecutivo comunitario recibió en el marco de la consulta pública, que se
realizó el año pasado, un total de 76 contribuciones procedentes de Gobiernos,
reguladores, organizaciones de consumidores, operadores, fabricantes y
particulares, entre otros. Muchas de las respuestas insistían en que hacer
obligatoria una tecnología específica en un paisaje tecnológico inmerso en
rápidos cambios sería problemático, y que la extensión del alcance del servicio
universal y su financiación podrían disuadir la competencia, obstaculizar la
inversión y frenar la innovación.
Las organizaciones de consumidores especializadas en comunicaciones electrónicas
respaldaron también a Bruselas en su intención de no extender el servicio
universal, pero otros consumidores señalaron que los criterios de la Comisión
eran demasiado restrictivos y pidieron que se ampliara esta obligación también a
la telefonía móvil y a la banda ancha. El Ejecutivo comunitario asegura que ha
tenido en cuenta estas preocupaciones en la iniciativa 'Banda ancha para todos'
que lanzó en marzo.
En la actualidad, el servicio universal en materia de comunicaciones
electrónicas previsto en la legislación comunitaria cubre la conexión a la red
de telefonía pública en una posición determinada y el acceso a los servicios
telefónicos de banda estrecha, incluidos los servicios vocales, la transmisión
de datos y un acceso funcional a Internet. Los prestatarios del servicio
universal son libres de recurrir a la tecnología que quieran, con o sin hilos.
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