Agencias - UCE ha presentado denuncias ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el Servicio de Defensa de la Competencia y el Instituto Nacional de Consumo, organismo al que pidió que abriera un expediente sancionador contra estas dos empresas del sector de la telefonía que, el pasado año, acapararon 'una de cada 4 reclamaciones' de los consumidores españoles.

La modificación de las cláusulas contractuales de estas dos empresas de telefonía, comunicadas a sus clientes 'en la factura del mes de marzo', son el motivo de la denuncia de esta organización.

Alonso explicó que esos contratos 'anulan cualquier contrato anterior' del cliente con la operadora, incluyendo, por ejemplo, las condiciones sobre el consumo o las penalizaciones por romper un compromiso de continuidad en la empresa.

Las cláusulas de permanencia -que obligan al usuario a pagar una cantidad si decide cambiar de compañía en los primeros 18 meses de contrato- son uno de los asuntos destacados en la denuncia.

Según la UCE, al entrar en vigor las nuevas condiciones de los nuevos contratos empezaría de nuevo ese plazo de 18 meses, con lo que los clientes se verían 'perjudicados notablemente'.

La obligación 'legal' de sustanciar los contratos de servicios de telefonía por escrito no se ha dado, porque 'el noventa por ciento de la contratación era absolutamente verbal', acusó el portavoz de UCE.

El modelo de facturación de estas dos compañías también fue criticado, ya que, según los cálculos de la UCE, el cobro por bloques de 30 segundos después del primer minuto les ha significado a las operadoras un beneficio 'ilícito e injusto' de 'más de 1.100 millones de euros'.

Cada cliente, aseguró Alonso, paga más de 30 euros al año de media por minutos no consumidos.

El año pasado, la UCE recibió 37.768 reclamaciones sobre telefonía y, de ellas, 10.350 se referían a disconformidad con la facturación.

Alonso denunció también los cambios de números a los usuarios por parte de las operadoras, las alteraciones de los mínimos de consumo y las comunicaciones de cambio de condiciones a través de Internet.

En este contexto, pidió una rápida aprobación de la ley de protección de los consumidores, en trámite parlamentario, y criticó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por recomendar a las operadores de móvil que modifiquen las cláusulas abusivas, en lugar de abrir expedientes sancionadores.