La decisión de la Fiscalía se basa en una disposición de la nueva ley contra el crimen organizado adoptada hace poco más de un mes y que estipula como un nuevo delito la difusión de información para la concepción de aparatos explosivos.

La norma prevé una pena de tres años de cárcel y 45.000 euros de multa "cuando se utilice una red de telecomunicaciones destinada a un público no determinado".

"Este es el caso de los tres menores, que no tenían conciencia del peligro y las consecuencias que podrían derivarse de la fabricación", según las fuentes.

El pasado jueves, tres adolescentes de Albi de 16 años resultaron heridos, uno de gravedad, al explotarles la bomba preparada por uno de ellos siguiendo los pasos vía internet.

Según la investigación, quien fabricó el artefacto fue quien sufrió las mayores daños y permanece hospitalizado en Toulouse con graves lesiones en los ojos y en una mano, que resultó parcialmente amputada como consecuencia de la deflagración.

El joven siguió las indicaciones del sitio, que ha sido identificado por la Policía y en el que se mencionaban los materiales necesarios, pero no las proporciones precisas.