AGENCIAS - Daniel Gavela hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa celebrada tras la reunión de la Asamblea General de la AERC, en la que se presentó un informe sobre "La situación del sector de la radio en relación con las emisoras ilegales".

El citado informe, recogido por la agencia EFE, denuncia los años de "desidia política y administrativa que toma carta de naturaleza en los Gobiernos del PSOE y adquiere toda su gravedad en la segunda legislatura de Partido Popular" para afrontar el problema

Una normativa muy dura, según Gavela

Los datos de la AERC reflejan que hasta el pasado 24 de junio operaban en España 2.419 emisoras ilegales, frente a 1.191 radios legales privadas. Añade que Canarias tiene 434 emisoras ilegales, Andalucía 363, Cataluña 195, Valencia 297, Madrid 142 y País Vasco 124, mientras que Ceuta y Melilla no tienen ninguna.

Por paradójico que parezca, Gavela cree que "España es hoy una excepción radiofónica en el contexto internacional", aunque consideró que el problema "no es de normativa, ya que existe y es muy dura", sino que es "esencialmente político".

Prohibir la emisión en cadena de las emisoras "que no pueden hacerlo"

La AERC emprenderá una campaña informativa ante las autoridades administrativas y judiciales para concienciarles de la magnitud del problema y denunciará ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ante las autoridades autonómicas y locales, "la totalidad del inventario de ilegales" detectado hasta ahora por la asociación. La denuncia se tramitará también ante la Agencia Tributaria por los incumplimientos de las emisoras ilegales sobre aspectos vinculados al Impuesto de Sociedades y las normas reguladoras del IVA y ante el Ministerio de Trabajo por posibles deficiencias en cuanto a la contratación de trabajadores.


Pero lo peor podría estar por llegar. Según indicó Gavela, el ministro de Industria, José Montilla, reconoció el pasado lunes en un encuentro con directivos de la AERC la "gravedad" del problema e informó de la intención del Gobierno de presentar próximamente una ley audiovisual en el Congreso.