Miguel Perez Subias   Noticias relacionadas

El acuerdo anunciado por el Ministerio de Cultura, “para frenar el acceso a los contenidos ilegales”, se ha negociado al margen del Sector (Proveedores y Usuarios). El texto incentiva, una vez más, la desconfianza en Internet debido a la inseguridad jurídica que plantea a Empresas y Ciudadanos y contribuye, en opinión de la AUI, a ralentizar la incorporación de estos a la Sociedad de la Información.

Un acuerdo al margen de los agentes implicados en Internet

El Ministerio de Cultura y el sector implicado en el 'Plan de Lucha contra la Piratería' ha acordado, en una primera reunión reformar de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, conocida como 'Ley de Internet o LSSI', en marzo de 2005, curiosamente sin consultar la opinión del sector de los proveedores de Internet (Operadores de Telecomunicaciones, proveedores de servicios y contenidos) ni la de los Usuarios.

Por otro lado la Directiva comunitaria 2000/31/CE, de 8 de junio, asegura que los Estados garantizarán que los prestadores de servicios intermediarios de la Sociedad de la Información no serán responsables por el simple hecho de prestar tales servicios de intermediación, algo que parece lógico ya que es técnicamente imposible controlar todo lo que transita por las redes en cada momento.

Una cosa es facilitar la investigación de los cuerpos y seguridad del estado o actuar con diligencia cuando se conoce la existencia de un contenido ilícito y otra bien distinta es ser co-responsable de los contenidos que por ellos transitan

“¿ Se imaginan que la responsabilidad de los accidentes de tráfico fuese de las empresas que las que construyen las carreteras, que los delitos cometidos con un vehículo los pagasen las gasolineras o que las empresas postales fuesen responsables de los envíos de paquetes con contenidos ilegales, ...? , parece que no tiene mucha lógica y sin embargo esto es lo que se pretende con los proveedores de Internet, que se co-responsabilicen de unos contenidos imposibles de controlar”, comento Pérez Subías, presidente de la AUI al conocer esta propuesta.

Medidas que frenan la incorporación de nuevos Usuarios

España ocupa el penúltimo puesto en la UE en penetración y uso de Internet, este tipo de medidas generan desconfianza en los ciudadanos, a los que se les transmite que Internet les convierte en potenciales delincuentes, y entre los proveedores, por la inseguridad jurídica que ello les plantea. Todas estas cuestiones generan desconfianza tanto por el fondo como por las formas y, en nuestra opinión, frenan el desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país.

“Tenemos que conseguir cambiar el clima, y esto es responsabilidad de todos los que intervienen en la cadena de valor, entre todos tenemos que hacer todo lo posible para construir un espacio de confianza sobre unos usos y sobre unos modelos de negocio que nada tienen que ver con los que hemos conocido hasta el momento. Por esta razón venimos solicitando, desde la AUI, la creación de una mesa que aborde el futuro de los contenidos en Internet y que en esta mesa esten todos los agentes implicados”, comentó Pérez Subías.

Los intercambios de contenidos entre particulares son en este momento uno de los motores del desarrollo de la banda ancha, las personas que más intercambian son a su vez las que más gastan en contenidos, la reciente modificación del código penal permite el intercambio siempre que se haga sin animó de lucro y a pesar de ello, son muchos los que intentan equiparar al que intercambia contenidos con los “manteros y piratas” que si buscan un lucro económico.

Los Usuarios de Internet no somos Piratas

El fiscal general del Estado, afirmo manifestaciones durante su intervención en el acto de clausura del seminario 'La protección de los derechos de autor en España, que es necesario "equilibrar" la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual y los de los consumidores ya que existe el derecho a la "copia privada" y se mostró en contra de una interpretación "extensiva" del "ánimo de lucro" en estos supuestos. En su opinión y en la nuestra, "si no conseguimos congeniar" ambos derechos "no habremos sabido cumplir con nuestro papel".

En la Asociación compartimos plenamente las tesis defendidas por el profesor Manuel Castells “Algo que es practicado por decenas de millones de personas, convencidas de que hacen bien, es irreversible y obliga a discutir seriamente la redefinición del derecho de propiedad en el nuevo contexto tecnológico. Más aún cuando la represión sin matices del fenómeno puede destruir el acceso a contenidos que están en el dominio público, que no tienen derechos de autor reclamados o cuyos autores los ponen libremente en la red.”

Existen fórmulas, jurídicas y empresariales, para hacer que el acceso por Internet se compagine con el pago de los derechos de autor y con la compensación razonable de las empresas multimedia que invierten en la publicación de contenidos. Pero esta adaptación necesaria al nuevo entorno tecnológico no podrá avanzar mientras esté bloqueada por el atrincheramiento de los fundamentalistas de la propiedad intelectual, que intentan beneficiarse hasta el último segundo de su control sobre la creación basada en una legislación heredada de un viejo contexto tecnológico.

El derecho de propiedad no está realmente en peligro, como no lo están las empresas capaces de adaptarse al mundo actual. Pero sí están amenazados la innovación tecnológica, la libertad de creación y el acceso al dominio público de contenidos. Así pueden frustrarse las promesas más ilusionantes de la era de la información