En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, Izquierda Verde
argumenta que "el sistema operativo 'GNU/Linux' y una larga serie de
programas desarrollados bajo el mismo concepto permiten gozar de unas ventajas
técnicas y de explotación muy superiores a la mayoría de sistemas propietarios
existentes en el mercado" y, particularmente, en el ámbito de las
administraciones públicas.
Entre estas ventajas, destaca la optimización de la inversión, el fomento de la
innovación tecnológica, la independencia del proveedor, el fomento de la lengua
propia y la seguridad y privacidad de los datos.
Así, el objetivo de la proposición, que consta de doce artículos y una
disposición adicional, es que la Administración del Estado constituya el
principal eje motor de los recientes cambios tecnológicos incentivando el
desarrollo, la distribución y el uso del 'software' basado en licencias de
código abierto en todo el país y, en especial, en el seno de la propia
Administración.
La proposición de ley defiende que todos los formatos, interfaces y protocolos
de interoperabilidad con entidades privadas y con los ciudadanos se realicen con
estándares de derechos libres de patentes y pago de 'royalties', "en aras de la
neutralidad tecnológica".
Además, Izquierda Verde defiende que el 'software', documentación o conocimiento
cuya creación haya sido sufragada total o parcialmente con dinero público "será
patrimonio del Estado y, como tal se garantizará el acceso y uso por cualquier
ciudadano sin que puedan impedirlo derechos de patentes, 'royalties' u otros".
En la misma línea, prohíbe cláusulas de licencia que impliquen "cualquier tipo
de discriminación a personas o grupos", así como aquellas licencias que puedan
ser específicas para un determinado producto. Asimismo, el 'software' propiedad
del estado deberá admitir el derecho de modificación, copia y redistribución. |