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La pérdida de competitividad de España derivada de la evolución de los precios y de otros factores ha llevado al Gobierno a preparar una batería de medidas liberalizadoras que podría dar a conocer este mes. El paquete afecta sobre todo a sectores regulados -energía, telecomunicaciones- o bajo influencia indirecta de los poderes públicos, como la vivienda. Hay medidas de inmediata aplicación y otras, como la desregulación plena de las tarifas telefónicas o el desarrollo del mercado eléctrico, que llevarán su tiempo.

En el sector inmobiliario, el margen de maniobra es estrecho, porque las competencias sobre el suelo -que representa el 60% del importe de la vivienda-, recaen en los ayuntamientos. Desde el Estado se va a promover transparencia en la información sobre las condiciones y evolución de los préstamos hipotecarios, el abaratamiento de los costes de constitución de las hipotecas y una rebaja de los costes financieros en el cambio de operaciones (tipo variable a fijo, traslado a otra entidad...).

El sector eléctrico se va a embarcar en breve en un importante cambio del marco regulador. Aunque está plenamente liberalizado desde el 1 de enero de 2003, la competencia se abre camino muy lentamente por la concentración del negocio en unos pocos operadores y por las escasas ventajas que se ofrecen a los consumidores residenciales. El Libro Blanco de la generación, encargado a un experto independiente, debe aportar ideas para que funcione de forma efectiva el mercado mayorista. Si un comercializador compra más barato, podrá trasladar mejores ofertas al cliente final.

Algo parecido debiera ocurrir en las telecomunicaciones. Para fomentar la competencia en telefonía fija, se suprimirá el régimen de precios máximos (“price cap”) de Telefónica, algo que ya debiera haber sucedido este año 2005 y para lo que se está a la espera de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) concluya una serie de estudios sobre cada uno de los segmentos de actividad (fijo, móvil, Internet...).

Precios no regulados

Pese a que el Gobierno ha mantenido el control administrativo sobre los precios de la operadora, la cuota de Telefónica en telefonía fija no baja del 80%, y el verdadero negocio se está desplazando a los servicios de valor añadido.

Por eso, entre las iniciativas del plan de mejora de la competitividad figura la plena liberalización de los precios mayoristas del ADSL, la conexión rápida a Internet por vía convencional. De los 2,5 millones de usuarios de esta tecnología, la gran mayoría ha contratado el servicio con Telefónica.

La tarifa minorista de ADSL está liberalizada, pero la mayorista -el precio que cobra la operadora por el alquiler de la red- sigue bajo regulación y existe una relación obligatoria entre ambos. El Gobierno cree que dejando libertad de precios en todos los casos, la competencia se abrirá camino. También contribuirá a ello el desarrollo del cable, que ahora mismo proporciona acceso rápido a Internet a otro millón de usuarios.

Opinión de los internautas

Las asociaciones de internautas ven con buenos ojos esta iniciativa, aunque dicen que antes hay que saber si hay realmente una competencia real y efectiva en el sector. Desde la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), su presidente, Miguel Pérez Subías, ha asegurado a Consumer.es que la medida es positiva, pero que si no hay competencia, el operador dominante, en este caso Telefónica, estrangularía al resto de compañías. “En general es buena, pero no lo sería si hay situaciones de monopolio”, ha dicho Pérez Subías. “Habría que ver que parte de mercado tienen los operadores alternativos”, ha añadido.

Por su parte, Víctor Domingo, responsable de la Asociación de Internautas (AI), considera que es urgente un cambio de estrategia en la CMT y en el Gobierno “para adecuar una efectiva y real liberalización de las telecomunicaciones con el interés general”.

Domingo reclama un precio máximo de referencia, eliminando los porcentajes mayorista y minoristas, para que de esa manera se salvaguarde el interés general. “Esto implicaría necesariamente una sustancial reducción del precio de la tarifa plana y por ende, un incremento significativo de líneas ADSL instaladas”. Asimismo, urge a regular la calidad del servicio. “El internauta está pagando un servicio indefinido y no tiene referencias que le protejan ante una deficiente prestación, tal y como esta sucediendo desde diciembre de 2003”.

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