Desde hoy, cuando un titular de derechos de propiedad intelectual considere que un sitio de internet utiliza sus obras sin permiso puede acudir a la Comisión para pedir que se inicie un procedimiento, que se prolongará entre 20 días y tres meses.
Los autores pueden denunciar también a sitios de enlaces, que ya no podrán alegar desconocimiento de los hechos presuntamente ilícitos que cometan las páginas con las que conectan.
Las entidades de gestión y otras asociaciones de autores preparan estos días sus demandas: el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha anunciado que denunciará en los próximos días a entre cinco y diez sitios en internet, tanto a páginas con copias de libros como a páginas que facilitan enlaces.
En el proceso, los jueces intervienen en dos momentos: uno, si el denunciante no puede identificar al responsable de la presunta infracción, y dos, para autorizar la retirada de contenidos ilícitos o la interrupción de la prestación del servicio.
La asociación de Productores de Música de España (Promusicae) ha comenzado a presentar sus denuncias a través de vía electrónica -estos primeros días tiene prevista una docena con amplia documentación-, ha confirmado a Efe su presidente, Antonio Guisasola.
Ante la puesta en marcha de la Comisión, esta misma mañana ha cerrado una de las webs que iba a ser denunciada por Promusicae, que ya vio cómo cesaba en su actividad otra página de las mismas características el pasado día 28 de febrero.
En los próximos días se irán sumando otros colectivos de autores, como anunció ayer el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
La Comisión de Propiedad Intelectual, en palabras del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, es un ‘ingrediente importante’ en la lucha contra la piratería, pero no suficiente para resolver los problemas de la industria cinematográfica.
Para la asociación de consumidores FACUA, con esta medida el Gobierno pretende instaurar la ‘censura’ en internet y ‘el estado policial del copyright’.
Interrumpir una página web por un enlace a un contenido de terceros es ‘una vulneración del derecho a la información y atenta contra la esencia de internet’, ha asegurado a Efe el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, que ha animado a la industria cultural a cambiar su modelo de negocio y a crear plataformas de descargas a precios asequibles.
Para los internautas, este control judicial es escaso y por ello han recurrido ante el Tribunal Supremo el Reglamento que regula la Comisión por entender que la norma atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas por ley a los jueces.
La Asociación de Internautas está a la espera de que el alto tribunal se pronuncie sobre su petición de que se suspenda cautelarmente el funcionamiento de la comisión.
Para el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, el sistema de intervención judicial previsto es correcto y está ajustado a la normativa europea de protección del derecho de propiedad intelectual y los de los usuarios de internet.