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Recientemente en Barcelona tenía lugar un encuentro en la que
participaran un buen número de profesionales de este sector. Allí expresaron ese
temor y la situación de indefensión en la que se encuentra su actividad,
totalmente legal y acosada desde distintos sectores con acusaciones más del tipo
moral (principalmente debido a que gran parte del contenido es de carácter
erótico) que con fundamentos legales.
Los profesionales que reiteraron en ese encuentro la
aceptación del código de conducta aprobada por la anterior administración y su
predisposición a negociar nuevas reglas que evitaran cualquier tipo de fraude y
abusos al consumidor, explicaban, las dificultades para encontrar un cauce
de dialogo con los organismos reguladores y el poco interés de estos en
establecer una línea de dialogo fluido que evitará situaciones lamentables para
todos.
También allí salio a relucir la distinta manera en que la
Administración encauza los temas derivados de la voz de aquellos relacionados
con datos. Mientras en el primer caso, este sistema es explotado sin freno por
todo tipo de medios de comunicación promocionando servicios y concursos, en el
segundo de los casos su explotación corre a cargo de decenas de empresas nacidas
desde la red y especializados en el desarrollo de sitios de descargas de
contenidos multimedia o para adultos.
Muchos se temían que esta joven industria iba a pagar los
"platos rotos" y que se convertiría en moneda de intercambio para contentar a
las organizaciones de consumidores y seguir protegiendo muchos de los abusos que
se dan por voz Y QUE SON LA MAYORÍA DE LAS RECLAMACIONES QUE SE RECIBEN EN LAS
ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES.
Y finalmente parece que va a ser así.
Durante los últimos días hemos podido ver como desde
distintas instancias se ha ido redirigiendo los abusos de los números
906/806/907 hacía internet, "olvidando" aquellas actuaciones fraudulentas que
puedan realizarse por líneas de voz y preparando el terreno hacía una nueva
reglamentación que obligará al cierre de decenas de empresas mientras que
seguirá permitiendo actuaciones, muchas de ellas fraudulentas, que se vienen
produciendo a través de las líneas de voz.
¿Manipulación mediática?
La cronología de los hechos, la celebración de una rueda de
prensa en locales de la OCU (parte implicada) antes incluso de que los detenidos
hubiesen prestado declaración ante el juez y la respuesta inmediata del
Gobierno, así parecen indicarlo.
Que sea el propio lector quien saque sus propias conclusiones
Día 10 de junio: La OCU publica un comunicado en el que se
dice que Las denuncias contra empresas de telefonía móvil, fija y de acceso a
Internet crecieron en 2003 un 54%, según un estudio elaborado por la
Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC). En concreto, OCUC
cifra en 1.120 las reclamaciones recibidas en materia de telefonía. En los cinco
primeros meses de 2004 el incremento de quejas está en torno al 32%, aunque la
asociación espera que crezcan todavía más. En un comunicado, esta
organización de consumidores denuncia que "Las
reclamaciones más frecuentes se producen contra el servicio de atención al
cliente, por solicitudes de baja del servicio no atendidas, por exceso de
facturación y por cambios en los accesos a Internet sin el consentimiento de los
usuarios a través de los teléfonos 800 y 900, que son más caros, indica el
informe"
Día 14: El Defensor del Pueblo presenta su Memoria Anual y en
ella se recoge la solicitud de petición remitida al antiguo Ministerio de
Ciencia y Tecnología información sobre diversos aspectos referentes a los
números de tarificación adicional. Entre otros temas, pidió información sobre
los expedientes incoados para dar de baja a estas líneas y sobre las medidas
adoptadas para solucionar el problema de los 'dialers' que se instalan en los
ordenadores y efectúan conexiones a Internet a través de estos números.
Día 16: La AUI publica una nota de prensa dirigida al gobierno en donde, como
en otras tantas veces, realiza una crítica destructiva hacia los números de
tarificación adicional. En dicha nota aparece a modo de ejemplo una captura en
donde se citan diversas webs, algunas de ellas explotadas por Gana Internet.
Día 17: El ejecutivo del gobierno contraataca a la AUI con otra nota en
la que promete que se tomarán medidas contra los presuntos fraudes.
Día 22: El senado se reúne y se debate el tema del fraude en Internet
prometiendo medidas urgentes para proteger a los desasistidos usuarios de la
red.
Dia 22: Se produce la detención de cinco responsables
de una empresa de dialers en Madrid. Se bloquean sus servidores y sus cuentas
bancarias. Uno de los detenidos es puesto en libertad la misma noche
Día 23: La Guardia Civil realiza una rueda de prensa en la sede de la OCU
donde se revela la detención de cinco personas a los que se les implica con una
monumental estafa a través de internet valorada en 35 millones de euros. La
noticia es ampliamente difundida por todas las televisiones y los detenidos
tildados sin paliativos como "estafadores" por directivos de FACUA, AI y la OCU.
Día 24: La noticia llega a los medios de papel. La
presunción de inocencia (algo inherente al derecho de un país democrático) es
totalmente violado y salvo La Voz de Galicia nadie da la opinión de un portavoz
de la empresa implicada. Los detenidos son puestos en libertad durante la
madrugada del jueves.
Día 25: El Consejo de Ministros aprobará, presumiblemente, una
nueva normativa que obligará a los consumidores que deseen acceder a servicios
de tarificación especial solicitarlo expresamente a su operadora. Solo quedarán
exentos de esta obligación servicios de voz con un precio inferior a 1€. Los
servicios de acceso a datos, sea cual sea su precio, deberán contar con
el consentimiento previo del abonado quien deberá pedir a la operadora su
activación.
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