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Según publica el diario "La Voz de Galicia" los
detenidos fueron puestos en libertad bajo cargos después de prestar declaración
ante el juez, aunque no tuvieron que hacer frente al pago de ninguna fianza. Eso
si no podrán abandonar el país y deberán presentarse periódicamente ante un
juzgado.
Poco se conoce aún sobre cual será el camino que seguirá ahora la instrucción
del caso ya que este se encuentra bajo secreto de sumario.
Según el diario gallego, los detenidos reiteraron en sus declaraciones que
"si bien las web creadas por ellos daban la opción de instalar un dialer para
poder visitarlas, siempre se pedía la autorización del internauta."
Asimismo y señalando "fuentes a la próxima a la investigación" la
argumentación de la acusación se baso en asegurar que los detenidos
«explotaron y se aprovecharon de la buena fe y de la ingenuidad de los
afectados», publica el diario gallego.
En este sentido, el fiscal reconoció que en muchos casos es cierto que se
informaba de las condiciones de tarifación, pero éstas «aparecían en letra
pequeña y acompañadas con una literatura que venía a decir que el programa que
se iba a instalar había superado todos los controles de seguridad». No añadió
nada más y se escudó en el secreto de sumario.
Argumentos muy distintos de los que fueron ampliamente difundidos por los medios
y pronunciados durante la rueda de prensa celebrada la pasada semana en Madrid
en la sede de la OCU.
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