La red alternativa de noticias en internet Indymedia pidió hoy información sobre dos servidores incautados por autoridades de EEUU por sospecha de terrorismo, secuestro o lavado de dinero por orden de un país no  identificado. "No sabemos dónde están los servidores, ni quién los tiene", dijo a EFE David Meieran, un integrante de la red, en una entrevista telefónica desde Pittsburgh.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EEUU presentó el jueves pasado la orden judicial que autorizaba la incautación del equipo informático a Rackspace, la compañía con sede en San Antonio (Texas) que mantiene los lugares de internet de Indymedia.

Sin embargo, los servidores se encontraban en sus oficinas en Londres.

Meieran dijo que su organización no sabe quién confiscó físicamente los servidores, ni a dónde los llevaron y por qué razón. Rackspace indicó en un comunicado que la orden de incautación fue emitida en el marco del Tratado de Asistencia Legal Mutua, el cual permite la cooperación entre países en investigaciones de terrorismo internacional, secuestros y lavado de dinero.

La empresa añadió que no puede ofrecer más información sobre el tema por orden judicial.
Esta red sospecha que la orden de incautación del equipo informático provino de Suiza o Italia, y que las autoridades estadounidenses actuaron a petición suya.

"No es una investigación del FBI", dijo a EFE Paul Bresson, un portavoz de esta agencia, quien no quiso dar detalles sobre la operación.

 Indymedia afirmó que las autoridades suizas han abierto una investigación criminal sobre su cobertura de la Cumbre del G8 celebrada en Evian (Francia) en 2003.  Además, informó de que la fiscal italiana Marina Plazzi puso en marcha otra investigación sobre la empresa por sospecha de "apoyar al terrorismo".

Meieran replicó que Indymedia no está involucrada en ninguna actividad criminal. Añadió que la red quiere que se abra una investigación sobre la legalidad de la orden de incautación y pidió que le devuelvan los discos duros.

Indymedia es una red de sitios nacionales y regionales, donde voluntarios cuelgan noticias sobre justicia social y el movimiento contra la globalización, entre otros temas.

El público puede enviar sus comentarios y ninguno de ellos es censurado -según Meieran- aunque "escondemos cosas que violan las políticas editoriales", como expresiones sexistas, homofóbicas o que incitan a la violencia.

Seis de las 20 páginas que cayeron de la red tras la incautación han sido restablecidas, según Meieran, entre ellas sus sitios de Brasil, el País Vasco español, Polonia y Reino Unido. Otros, como los de Uruguay, Italia y Nantes, han perdido información que se encontraba en los servidores.