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Agencias -
Según el artículo publicado ayer por el diario, el pasado mes de noviembre Gates
informó personalmente al primer ministro del país, Anders Fogh Rasmussen, y a
otros dos miembros del Ejecutivo danés, de que Microsoft despediría a los 800
empleados de la empresa Navision, compañía danesa adquirida por Microsoft en
2002, a menos que la Unión Europea decida "rápidamente" legalizar las patentes
del 'software' mediante la nueva directiva que se está negociando.
Fuentes de la compañía en España precisaron a Europa Press que la información
del diario es falsa y que el propio Gobierno danés ya se ha manifestado en este
mismo sentido. En un comunicado, Microsoft también ha afirmado que no tiene la
intención de cerrar este centro de desarrollo, y que de hecho tiene previsto
ampliar la plantilla de investigadores a lo largo de 2005.
El diario recuerda que la cuestión de las patentes sobre programas informáticos
lleva meses sometida a un "arduo" debate en Europa; afecta no sólo a Microsoft,
sino a muchas otras multinacionales que están a favor de esta directiva,
mientras que otros países de la UE, así como pequeñas y medianas empresas de
'software', se oponen y prefieren que la propiedad intelectual pueda ser
protegida a través del derechos de autor y el secreto de producción.
Ésta no sería la primera amenaza realizada por grandes empresas a los poderes
públicos, según el responsable de la campaña europea 'No a las patentes de
software' ('NoSoftwarePatents.com'), Florian Mueller. Un grupo de grandes
corporaciones, incluyendo Philips, "ha estado en los últimos meses divulgando
entre los gobiernos europeos la amenaza de externalizar su producción a otros
países con salarios más bajos", a menos que la UE permita las patentes.
Las "presiones" podrían ser la causa del cambio de posición de Polonia
En enero, el diario polaco 'Wyborcza' ya informó de que las empresas
concesionarias polacas de Siemens, Nokia, Philips, Ericsson y Alcatel habían
enviado una carta al primer ministro Marek Belka; su contenido exacto no fue
divulgado, pero sí trascendió la afirmación de que estas empresas
"reconsiderarían" sus inversiones en Polonia si el Gobierno mantenía su
resistencia a la legalización de las patentes.
"Es completamente despreciable utilizar el salario de los trabajadores para
hacer una amenaza tan repugnante", señaló Mueller, que asegura que la
organización fue informada de estas amenazas por un trabajador de la propia
Philips y, también, desde fuentes políticas, sobre amenazas "similares" por
otras corporaciones.
"Si se advierte a políticos de las consecuencias de una modificación
legislativa, eso es aceptable", reconoció, pero si se amenaza con despedir por
una cuestión que no tiene ninguna conexión efectiva, "eso es chantaje, llana y
simplemente", recalcó.
La campaña 'www.nosoftwarepatents.com' considera que "bajo la influencia del
sistema de patentes y los 'lobbies' de las grandes industrias, la Unión Europea
está a punto de cometer un gran error, que es legalizar las patentes de
'software'".
En su opinión, un grupo de multinacionales "aplastará a los pequeños
competidores". "Como consecuencia usted, su hogar, su empresa, su Gobierno y
cada uno de nosotros tendremos que pagar más dinero por un 'software' menos
seguro y de menor calidad". En viás de aprobación El
cambio de posición de
Polonia del que ya informamos y que se produjo a principios de este mes
podría dejar sin obstáculos la aprobación de esta nueva medida que cuenta con el
apoyo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. España mostró su
oposición a este cambio en mayo del 2004, posición que fue refrendada por el
Pleno del Senado el pasado 8 de febrero, sin embargo, su postura ante Bruselas
no ha sido del todo firme en este terreno. Las grandes multinacionales de la
tecnología son unas firmes defensoras de cambiar el marco actual y favorecer la
posibilidad de patentar el software, una postura que encuentra la oposición de
los defensores del software libre y de un buen número de universidades al
considerar estas que más de la mitad de los programas informáticos utilizados
actualmente en la UE serian ilegales. Insisten que la nueva directiva solo beneficia a las grandes compañías de
programación informática, y es un duro golpe a las pequeñas empresas, a la
capacidad de innovación y a los consumidores que deberán pagar más por las
aplicaciones que utilicen.
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