Agencias -
La propuesta legal, pendiente aún de la segunda lectura en el Parlamento
Europeo, enfrenta el rechazo de las organizaciones defensoras del software
libre y las reticencias de la propia Eurocámara.
El Consejo había llegado a un principio de acuerdo sobre el texto el pasado
mayo, con el voto en contra de España, la abstención de Italia, Austria y
Bélgica, y el respaldo del resto, por lo que hoy se trataba sólo de
formalizar dicho acuerdo.
Sin embargo, las delegaciones de Polonia, Dinamarca, Holanda, Hungría,
Letonia y Chipre, que habían apoyado el acuerdo de mayo, lo ratificaron hoy
por razones de procedimiento, pero anunciaron que harán declaraciones
individuales para especificar su posición actual sobre la conflictiva
directiva, según explicó el ministro luxemburgués de Economía y presidente de
turno del Consejo, Jeannot Krecké.
Los ministros de Portugal, Polonia y Dinamarca reclamaron incluso la
reapertura del debate sobre el texto, pese a que la cuestión figuraba en la
agenda del Consejo como "punto a", denominación que reciben los asuntos que
son sometidos a aprobación sin discusión de fondo.
La presidencia luxemburguesa se negó por "razones institucionales", para
"no
sentar un precedente" que a su juicio habría causado más retraso en la ya
larga tramitación y "puesto en cuestión el procedimiento mismo", apuntó Krecké.
La propuesta de directiva pretende armonizar la manera en la que los Estados
de la UE patentan las invenciones ejecutadas por equipos informáticos, como
ciertas innovaciones para maquinaria industrial o automóviles.
La Comisión Europea, autora de la iniciativa, sostiene que el texto es
suficientemente claro para evitar toda deriva hacia la patentabilidad de
programas informáticos que no aporten ninguna contribución técnica.
Sin embargo, partidarios del uso libre del software denuncian que podría
servir de base legal para que grandes empresas como Microsoft, Nokia,
Ericsson o Alcatel blinden mediante patentes el uso de algoritmos o fórmulas
informáticas, hasta ahora sólo sujetas al pago de derechos de copia.
La propuesta, planteada por el anterior comisario de Mercado Interior Frits
Bolkestein, fue revisada en primera lectura por el pleno de la Eurocámara en
septiembre de 2003, que incluyó una enmienda por la que se excluía
expresamente la posibilidad de patentar programas informáticos como tales.
El Consejo de Ministros rebajó la capacidad vinculante de la enmienda en el
principio de acuerdo sobre el texto que alcanzó en mayo, con el voto en
contra de España, y la abstención de Bélgica, Italia y Austria, y que fue hoy
ratificado.
La directiva queda ahora pendiente de la segunda lectura en el Parlamento
Europeo, que ya se ha mostrado crítico con la propuesta.
De hecho, el pasado 17 de febrero, y tras una demanda de la comisión
parlamentaria de Asuntos Jurídicos, los presidentes de grupos políticos de la
Eurocámara pidieron a la CE que retirase el texto actual y reiniciase todo el
proceso de tramitación.
El actual comisario de Mercado Interior, el irlandés Charlie McCreevy,
no atendió la solicitud aduciendo la conveniencia de que el Consejo de
Ministros se pronunciase sobre el texto que ya está en tramitación.
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