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En septiembre podría ponerse en marcha la nueva plataforma TV española
 

Gobierno y Defensa de la competencia, principales escollos en el proceso de fusión que puede durar unos cuatro meses

Telefónica y Sogecable han anunciado la fusión de sus plataformas, ahora las empresas deberán afrontar toda una serie de trámites para formalizar la unión.

En primer lugar, ambas compañías deberán notificar al Servicio de Defensa de la competencia la voluntad de fusión entre ambas empresas. Telefónica, en el caso de Vía Digital, y Sogecable, en el caso de CSD, como accionistas mayoritarios deberán realizar esta notificación en un plazo máximo de 20 días.


Recibida la notificación, el Servicio de Defensa de la competencia, un organismo dependiente del Ministerio de Economía tiene un plazo de treinta días para analizar la operación y considerar si esta puede ocasionar un riesgo para la competencia en el mercado. Finalmente emite su opinión que es elevado al Gobierno.

Si el Consejo de Ministros acepta el informe del Servicio, la fusión pasaría a manos de las juntas de las dos compañías para culminarla. Aunque podría darse el caso de que existiesen dudas en el Gobierno y en ese caso se solicitaría un informe al Tribunal de Defensa de la competencia que tendría otros 30 días para realizar un informe, que sin ser vinculante, podría tener un peso significativo en la decisión final del Consejo de Ministros.

Para realizar este informe el Tribunal cuenta con la colaboración de distintos profesionales independientes que deberán contar con la opinión de expertos del sector y de las otras empresas que pudieran verse afectadas por el proceso de concentración.

En la elaboración de este estudio se tienen en cuenta tres factores. Primero, se analiza la estructura del mercado –en este caso, el audiovisual-; después se examinan las barreras que la operación podría imponer a este mercado; y por último, se observan las ventajas con las que la unión podría beneficiar a los usuarios.

El Consejo de Ministros deberá tener en sus manos el informe en un plazo máximo de 30 días. El Tribunal podrá recomendar que se prohíba la fusión o que sea autorizada, sin ‘peros’ o con condiciones –tal como ocurrió en el caso del intento de unión entre Endesa e Iberdrola, que después fueron endurecidas por el propio Gobierno-.

En última instancia será el Ejecutivo quien, a la vista del estudio, y antes de un mes, se pronuncie sobre el acuerdo. En total, pasarán más de cuatro meses antes de saber si la unión de las empresas, anunciada ayer, se llevará finalmente a cabo. Todo ello sin tener en cuenta que organismos europeos no intervengan en el proceso por considerar que pueda tener implicaciones fuera de las fronteras españolas. Ángel Cortés, con información de agencias

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sábado mayo 24, 2014


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