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Un amplio grupo de los principales medios de comunicación
privados de ámbito nacional arremetió hoy contra el Gobierno ante la
"incertidumbre sobre el futuro y desconfianza" que ha generado en el sector,
y le exigió una "clarificación urgente" ante la aprobación de próximas medidas
"que beneficien a un único grupo de comunicación", en alusión a Prisa.
Máximos representantes de Recoletos, Vocento, El Mundo, La Razón, ABC, Antena 3,
Telecinco, Onda Cero, COPE y Punto Radio suscribieron en Madrid un comunicado en
el que expresan su "preocupación ante la indefinición y el favoritismo
demostrado" por el Gobierno con respecto a los planes que afectan al futuro
del sector en España.
En concreto, las críticas de estos medios de comunicación nacionales se refieren
al proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital
Terrestre (TDT), la liberalización de la Tv por cable y fomento del pluralismo,
que abre las puertas a la Publicidad
concesión de una licencia de televisión analógica y eleva los límites de
concentración en la radio, y que fue remitido al Congreso el pasado 4 de
febrero.
"Lo más inquietante es que el Gobierno, al no manifestar sus intenciones con
claridad, genera desconcierto y alarma en las empresas del sector", aseguran
los medios que suscriben el comunicado.
A la convocatoria acudieron Javier González Ferrari, presidente de Onda Cero;
Alejandro Echevarria, presidente de Telecinco; Jaime Castellanos, presidente de
Recoletos; José Manuel Lara, presidente de Planeta y Grupo Antena 3; José María
Bergareche, vicepresidente y consejero delegado de Vocento; Alfonso de Salas,
presidente de Unidad Editorial (El Mundo); Catalina Luca de Tena,
presidenta-editora de ABC; Antonio Fernández Galiano, director general de Unidad
Editorial; Maurizio Carlotti, consejero delegado de Antena 3; Mauricio Casals,
presidente de La Razón; y Víctor Viguri, consejero delegado de Punto Radio. Por
contra, no pudieron llegar a tiempo Paolo Vasile, consejero delegado de
Telecinco, y Rafael Pérez del Puerto, consejero delegado de COPE, que figuraban
en listado distribuido.
"Actos de amiguismo"
Asimismo, criticaron que "hasta la fecha" el Ejecutivo haya "eludido
negar de forma tajante que esté dispuesto a conceder a Canal+ una autorización
para emitir en abierto". A su juicio, el Gobierno debería despejar esta "duda"
cuanto antes "si quiere evitar que sus decisiones sobre el sector de medios sean
entendidas como actos de amiguismo con un grupo de comunicación en concreto".
En la misma línea, consideraron "evidente" que cualquier modificación del
actual sistema de televisión analógico "no haría más que retrasar el
necesario impulso" de la TDT en España y calificaron de "innecesaria desde el
punto de vista jurídico" la supresión del límite de tres televisiones
analógicas nacionales, lo que ha generado "una fuerte incertidumbre sobre su
verdadera motivación".
En lo que respecta a las modificaciones en los límites de concentración
radiofónica, el comunicado reitera que se trata de una decisión tomada "sin
una necesidad aparente más que la de favorecer a un grupo de comunicación que
tuvo problemas judiciales en el pasado por su elevada concentración de
frecuencias", en alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó la
fusión de la Cadena SER y Antena 3 Radio en Unión Radio.
Sobre esta cuestión, los medios critican también que "para abundar en la
falta de seriedad" del Ejecutivo, esta alteración de los límites de
concentración de licencias de radio en una misma demarcación se produjo "un
momento antes de enviar el proyecto a las Cortes". El texto estudiado por el
Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información el
pasado 4 de enero no incluía este apartado.
"Incertidumbre y desconfianza"
Por todo ello, denunciaron que el proyecto de ley en trámite, "en lugar de
impulsar el desarrollo y resolver los problemas generados por los medios
públicos, sólo siembra incertidumbre y desconfianza", en lo que supone una
"contradicción flagrante" entre el programa electoral del PSOE y las
primeras actuaciones del Gobierno.
En ese sentido aseguraron que desde la oposición el PSOE se comprometió a
resolver el problema de los medios públicos y a contar con el consenso del
sector. "Sin embargo, su primera medida, antes de conocerse cualquier
solución sobre los medios controlados por el Estado, se dio a conocer un 30 de
diciembre, en el último Consejo de Ministros del año", añade el comunicado.
Finalmente, los grupos reunidos en la sede de la Asociación de la Prensa de
Madrid apuntaron que "continúa la nebulosa" sobre el futuro de la
televisión pública y su incidencia en el mercado, a la espera de las medidas que
el Ejecutivo pondrá en marcha tras conocerse el informe del denominado 'Comité
de Sabios'.
Mayor libertad de elección para los consumidores Por su parte, los
grupos editores de La Vanguardia y El País emitieron ayer tarde un comunicado
conjunto en el que afirman "que
Independientemente de las opiniones
editoriales que se puedan tener sobre el contenido de la Ley de medidas urgentes
para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, es obvio que un mayor número
de operadores de televisión supondrá un beneficio para los ciudadanos en general
y para el sector de la comunicación en particular. "
Insistiendo que
"Al margen de quienes sean esos nuevos operadores, se verán potenciados el
pluralismo informativo y la competencia empresarial, lo mismo que los
anunciantes, productores de cine y programas audiovisuales, y otros agentes de
la industria" Finalmente, tanto Prisa como La Vanguardia
"manifiestan su
sorpresa ante las manipulaciones informativas realizadas por algunos colegas a
este respecto, tendentes a confundir a la opinión pública acerca del alcance
real del citado Proyecto de Ley y de sus consecuencias para la industria de la
comunicación y las libertades de expresión e información. Lamentan también la
utilización partidista de las empresas del sector por parte de algunos grupos
parlamentarios y rechazan los intentos de convertir la defensa de intereses
económicos particulares -por legítimos que sean- en elementos de disensión
política y empresarial. "
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