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Los medios españoles se tiran los trastos
La posible conversión de Canal+ en un medio abierto levanta las iras del sector empresarial de medios privados y arremeten contra el Gobierno por querer beneficiar a Prisa con sus reformas. Nadie quiere perder su "porción de la tarta publicitaria" y la llegada de un nuevo canal en abierto es una amenaza a los ingresos consolidados de estos grupos


 

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Un amplio grupo de los principales medios de comunicación privados de ámbito nacional arremetió hoy contra el Gobierno ante la "incertidumbre sobre el futuro y desconfianza" que ha generado en el sector, y le exigió una "clarificación urgente" ante la aprobación de próximas medidas "que beneficien a un único grupo de comunicación", en alusión a Prisa.

Máximos representantes de Recoletos, Vocento, El Mundo, La Razón, ABC, Antena 3, Telecinco, Onda Cero, COPE y Punto Radio suscribieron en Madrid un comunicado en el que expresan su "preocupación ante la indefinición y el favoritismo demostrado" por el Gobierno con respecto a los planes que afectan al futuro del sector en España.

En concreto, las críticas de estos medios de comunicación nacionales se refieren al proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre (TDT), la liberalización de la Tv por cable y fomento del pluralismo, que abre las puertas a la Publicidad

concesión de una licencia de televisión analógica y eleva los límites de concentración en la radio, y que fue remitido al Congreso el pasado 4 de febrero.

"Lo más inquietante es que el Gobierno, al no manifestar sus intenciones con claridad, genera desconcierto y alarma en las empresas del sector", aseguran los medios que suscriben el comunicado.

A la convocatoria acudieron Javier González Ferrari, presidente de Onda Cero; Alejandro Echevarria, presidente de Telecinco; Jaime Castellanos, presidente de Recoletos; José Manuel Lara, presidente de Planeta y Grupo Antena 3; José María Bergareche, vicepresidente y consejero delegado de Vocento; Alfonso de Salas, presidente de Unidad Editorial (El Mundo); Catalina Luca de Tena, presidenta-editora de ABC; Antonio Fernández Galiano, director general de Unidad Editorial; Maurizio Carlotti, consejero delegado de Antena 3; Mauricio Casals, presidente de La Razón; y Víctor Viguri, consejero delegado de Punto Radio. Por contra, no pudieron llegar a tiempo Paolo Vasile, consejero delegado de Telecinco, y Rafael Pérez del Puerto, consejero delegado de COPE, que figuraban en listado distribuido.

"Actos de amiguismo"

Asimismo, criticaron que "hasta la fecha" el Ejecutivo haya "eludido negar de forma tajante que esté dispuesto a conceder a Canal+ una autorización para emitir en abierto". A su juicio, el Gobierno debería despejar esta "duda" cuanto antes "si quiere evitar que sus decisiones sobre el sector de medios sean entendidas como actos de amiguismo con un grupo de comunicación en concreto".

En la misma línea, consideraron "evidente" que cualquier modificación del actual sistema de televisión analógico "no haría más que retrasar el necesario impulso" de la TDT en España y calificaron de "innecesaria desde el punto de vista jurídico" la supresión del límite de tres televisiones analógicas nacionales, lo que ha generado "una fuerte incertidumbre sobre su verdadera motivación".

En lo que respecta a las modificaciones en los límites de concentración radiofónica, el comunicado reitera que se trata de una decisión tomada "sin una necesidad aparente más que la de favorecer a un grupo de comunicación que tuvo problemas judiciales en el pasado por su elevada concentración de frecuencias", en alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó la fusión de la Cadena SER y Antena 3 Radio en Unión Radio.

Sobre esta cuestión, los medios critican también que "para abundar en la falta de seriedad" del Ejecutivo, esta alteración de los límites de concentración de licencias de radio en una misma demarcación se produjo "un momento antes de enviar el proyecto a las Cortes". El texto estudiado por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información el pasado 4 de enero no incluía este apartado.

"Incertidumbre y desconfianza"

Por todo ello, denunciaron que el proyecto de ley en trámite, "en lugar de impulsar el desarrollo y resolver los problemas generados por los medios públicos, sólo siembra incertidumbre y desconfianza", en lo que supone una "contradicción flagrante" entre el programa electoral del PSOE y las primeras actuaciones del Gobierno.

En ese sentido aseguraron que desde la oposición el PSOE se comprometió a resolver el problema de los medios públicos y a contar con el consenso del sector. "Sin embargo, su primera medida, antes de conocerse cualquier solución sobre los medios controlados por el Estado, se dio a conocer un 30 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año", añade el comunicado.

Finalmente, los grupos reunidos en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid apuntaron que "continúa la nebulosa" sobre el futuro de la televisión pública y su incidencia en el mercado, a la espera de las medidas que el Ejecutivo pondrá en marcha tras conocerse el informe del denominado 'Comité de Sabios'.

Mayor libertad de elección para los consumidores

Por su parte, los grupos editores de La Vanguardia y El País emitieron ayer tarde un comunicado conjunto en el que afirman "que Independientemente de las opiniones editoriales que se puedan tener sobre el contenido de la Ley de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, es obvio que un mayor número de operadores de televisión supondrá un beneficio para los ciudadanos en general y para el sector de la comunicación en particular. " Insistiendo que "Al margen de quienes sean esos nuevos operadores, se verán potenciados el pluralismo informativo y la competencia empresarial, lo mismo que los anunciantes, productores de cine y programas audiovisuales, y otros agentes de la industria"

Finalmente, tanto Prisa como La Vanguardia "manifiestan su sorpresa ante las manipulaciones informativas realizadas por algunos colegas a este respecto,  tendentes a confundir a la opinión pública acerca del alcance real del citado Proyecto de Ley y de sus consecuencias para la industria de la comunicación y las libertades de expresión e información. Lamentan también la utilización partidista de las empresas del sector por parte de algunos grupos parlamentarios y rechazan  los intentos de convertir la defensa de intereses económicos particulares -por legítimos que sean- en elementos de disensión política y empresarial. "

 


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domingo, 25 mayo 2014

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