El Grupo Godó y el Grupo PRISA, dos de los principales
editores de medios de comunicación españoles, quieren mostrar su preocupación
ante las tergiversaciones puestas de manifiesto por algunas empresas españolas e
italianas que operan en dicho sector en nuestro país.
Independientemente de las opiniones editoriales que se puedan tener sobre el
contenido de la Ley de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital
Terrestre, es obvio que un mayor número de operadores de televisión supondrá un
beneficio para los ciudadanos en general y para el sector de la comunicación en
particular. Al margen de quienes sean esos nuevos operadores, se verán
potenciados el pluralismo informativo y la competencia empresarial, lo mismo que
los anunciantes, productores de cine y programas audiovisuales, y otros agentes
de la industria.
En cuanto a las normas de dicha ley referidas a los límites a la propiedad de
frecuencias radiofónicas, el Grupo Godó y el Grupo PRISA, propietarios
respectivamente de Antena 3 Radio y de la Ser, quieren poner de relieve que de
ninguna forma esa medida puede responder a asuntos pendientes en relación con la
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de junio de 2000, que
declaraba anulable el acuerdo del Gobierno sobre las modalidades de la
concentración entre Antena 3 Radio y la Ser. La sentencia se ha cumplido “en sus
propios términos”, como exigía el Tribunal.
La modificación de la disposición adicional sexta de la LOT, que propone el
Proyecto de Ley antes mencionado, responde a la demanda unánime del sector,
expresada en el documento elevado a la Administración por la Asociación Española
de Radiodifusión Comercial con fecha 15 de marzo de 2002, y reiterada, a
propósito de la sentencia antes mencionada, siendo Presidente de la AERC el
actual Presidente de Onda Cero. En dicha ocasión, la Asociación manifestó la
urgencia de una actualización normativa acorde con la evolución del sector de la
radio; urgía al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios a que liberaran
“a la empresas radiofónicas de las trabas administrativas que dificultan su
desarrollo” y reiteraba “su sentir unánime de que el pluralismo en la actividad
radiofónica privada, que está suficientemente garantizado en España en su
conjunto (…), quede encomendado a las normas generales de la competencia, sin
otras limitaciones de carácter especial”.
Los editores de La Vanguardia y El País manifiestan su sorpresa ante las
manipulaciones informativas realizadas por algunos colegas a este respecto,
tendentes a confundir a la opinión pública acerca del alcance real del citado
Proyecto de Ley y de sus consecuencias para la industria de la comunicación y
las libertades de expresión e información. Lamentan también la utilización
partidista de las empresas del sector por parte de algunos grupos parlamentarios
y rechazan los intentos de convertir la defensa de intereses económicos
particulares -por legítimos que sean- en elementos de disensión política y
empresarial.
Madrid, 16 de febrero de 2005
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