Los principales editores de los medios de comunicación privados representados por este comunicado manifestamos nuestra preocupación ante la indefinición y el favoritismo demostrado por el gobierno con respecto a los planes que afectan al futuro del sector en España. El presente comunicado aglutina a los responsables de Recoletos, Vocento, El Mundo, La Razón, ABC, Antena 3, Telecinco, Onda Cero, COPE y Punto Radio.

Lo que preocupa seriamente a los responsables de la casi totalidad de los medios de comunicación privados españoles es la contradicción flagrante entre las líneas de actuación del programa electoral del PSOE y sus primeras actuaciones como gobierno.

Desde la oposición, los actuales mandatarios se comprometieron a resolver el problema de medios públicos como RTVE o EFE y a contar con el consenso del sector. Sin embargo, su primera media --antes de conocerse cualquier solución sobre los medios controlados por el Estados-- se dio a conocer un 30 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año.

Mientras tanto, se continúan en la nebulosa sobre el futuro de la televisión pública --y por tanto la forma en que afecta al mercado--, a la espera de las medidas que adoptará el gobierno en función del tal mentado informe del denominado "comité de sabios".

Lo más inquietante es que el Gobierno, al no manifestar sus intenciones con claridad, genera desconcierto y alarma en las empresas del sector. Hasta el momento, el Ejecutivo ha eludido negar de forma tajante que esté dispuesto a conceder a Canal Plus una autorización para emitir en abierto. Una duda que debería despejar cuanto antes si quiere evitar que sus decisiones sobre el sector de medios sean entendidas como actos de amiguismo con un grupo de comunicación concreto.

Resulta evidente que cualquier modificación del actual sistema de televisión analógico no haría más que retrasar el necesario impulso a la digitalización que necesita España para caminar hacia la modernidad, al mismo ritmo que sus pares europeos.

El el caso del proyecto de ley en trámite aprobado en el último momento del año, se retiró el actual límite de tres cadenas analógicas nacionales, una decisión innecesaria desde el punto de vista jurídico, que ha generado una fuerte incertidumbre sobre su verdadera motivación.

Y para abundar en la falta de seriedad, un momento antes de enviar el proyecto a las Cortes se agrega un artículo que eleva el límite de licencias de radio que puede agrupar un medio en una misma localidad, también sin una necesidad aparente más que la de favorecer a un grupo de comunicación que tuvo problemas judiciales en el pasado por su elevada concentración de frecuencias.

Los medios de comunicación privados representados en esta reunión requerimos del Gobierno una clarificación urgente de sus intenciones con respecto al sector. El proyectos de ley en trámite, en lugar de impulsar el desarrollo y resolver los problemas generados por los medios públicos, sólo siembra incertidumbre sobre el futuro y desconfianza ante la posible aprobación de próximas medidas que beneficien a un único grupo de comunicación considerado afín a sus intereses.