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Agencias .- Microsoft pidió este viernes al Tribunal de
Primera Instancia de la UE la suspensión de la orden de la Comisión Europea (CE)
que le obliga a comercializar una versión del sistema operativo Windows sin el
reproductor audiovisual Media Player, aduciendo que tal fórmula acarrearía
problemas de funcionamiento.
Microsoft ha abonado la multa de 497,2 millones de euros que le ha impuesto la
CE, pero ha solicitado al tribunal que suspenda cautelarmente las exigencias
decretadas por el regulador europeo mientras dure el proceso judicial de fondo
para dictaminar si la decisión de éste se ajusta a la ley, lo que puede tomar
años.
La jornada final de la vista oral sobre esta petición de suspensión se dedicó a
la orden de desvinculación entre Windows y MediaPlayer, después de que las
partes abordasen el jueves la exigencia de que Microsoft revele a sus rivales
informaciones claves para la compatibilidad de sus programas con Windows.
Para decidir si acepta el recurso de Microsoft, el presidente del tribunal, Bo
Vesterdorf, debe evaluar si la aplicación de las medidas de la CE causarían un
daño "grave e irreparable" a la empresa de Redmond (EEUU), por lo que las partes
emplearon gran parte de las siete horas de sesión en debatir sobre el
rendimiento de la versión de Windows demandada por la UE.
En la sesión matinal, los representantes de la compañía estadounidense
RealNetworks -principal rival de Microsoft en el sector de los reproductores
multimedia- proyectaron una demostración que sugería la aparente solvencia de
tal versión para gestionar juegos de PC o archivos de audio.
Pero el equipo legal de Microsof, cuyos integrantes superaban ampliamente en
número a los de la CE, respondió en la sesión vespertina con otra demostración
que revelaba ciertas dificultades de la mencionada versión ante contenidos
audiovisuales más específicos, incluso si estaba dotada de un reproductor
alternativo al de Windows, como el RealPlayer de RealNetworks.
Para el abogado principal de Microsoft, Jean Francois Bellis, la última
demostración probó que su compañía sufriría "daños graves e irreparables" en el
"diseño de sus productos" y en su "reputación" si se aplica la orden comunitaria
sin acreditar antes su legalidad, por lo que pidió la suspensión de la orden.
Los letrados de la CE, y sobre todo de RealNetworks -estos últimos cargaron con
el grueso de la defensa de la decisión comunitaria-, replicaron que las
disfunciones son "las esperadas" en un sistema sin reproductor multimedia y por
tanto las buscadas por la decisión comunitaria, que pretende que el consumidor
elija libremente entre el programa de Microsoft y los rivales.
No obstante, el abogado de la Comisión, Per Hellstrom, admitió a preguntas del
juez que 36 de los 186 archivos que la CE exige eliminar de Windows deberían
reintroducirse en el sistema operativo para garantizar su funcionamiento
completo, se dote o no posteriormente de un reproductor multimedia.
Hellstrom precisó entonces que la decisión de la Comisión se funda en las
especificaciones técnicas proporcionadas por la propia empresa de Bill Gates.
Los letrados y partidarios de la Comisión apuntaron, además, que la medida debe
aplicarse inmediatamente para que tenga efecto, ya que si se congela durante los
años que dure el proceso se corre el riesgo de que los rivales de Microsoft
queden excluidos del mercado.
Tras la vista, el responsable del departamento legal de Microsoft, Brad Smith
consideró probado que "las medidas causarán daños por valor de miles de
millones de euros a los consumidores y fabricantes de software europeos"
-Microsoft estuvo respaldada por Exor, Mamut y Team System, compañías de la UE-
y sólo beneficiarían a "una estadounidense", en referencia a RealNetworks.
Además de evaluar los posibles daños "graves e irreparables" a Microsoft, el
juez Vesterdorf debe sopesar la existencia de argumentos a primera vista contra
la decisión de la CE y el respeto entre el equilibrio entre el interés público y
el de las partes.
No hay plazo para el pronunciamiento, pero fuentes comunitarias aguardan una
decisión antes del 1 de noviembre, fecha en la que deja el cargo el actual
comisario europeo de Competencia, Mario Monti.
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