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A partir de ahora, los operadores tendrán que acreditar la solicitud de
contratación de los servicios y asumirán los gastos provocados a los usuarios en
caso de alta fraudulenta.
La nueva normativa prohibirá asimismo el cobro de penalización o cuota alguna
cuando el usuario decidida dar de baja un servicio del que no haya disfrutado.
Los operadores también tendrán que dar de baja automáticamente la facturación al
usuario cuando éste decida cambiar de compañía, y resarcir al cliente en caso de
interrupción del servicio con una indemnización que deberá precisarse en el
contrato.
La futura orden ministerial de Calidad, que será publicada este mismo mes,
también obligará a los operadores a medir y publicar sus niveles de calidad en
los parámetros armonizados europeos, lo que permitirá a los usuarios establecer
comparaciones entre compañías.
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Móviles y Telecos
