La vigilancia de
cerca de Internet, y del correo electrónico, es una de las
claves de la ley antiterrorista canadiense, llamada C-36,
aprobada a mediados de diciembre de 2001. Este texto facilita,
a los servicios de policía, la obtención de mandatos que
permiten efectuar escuchas, telefónicas y electrónicas.
En cuanto al Centro
de Seguridad de las Telecomunicaciones, un servicio
especializado del Ministerio de Defensa, puede, por primera
vez en su historia, proceder a efectuar escuchas electrónicas
tanto de ciudadanos canadienses como de extranjeros.
Claramente, se ha batido en brecha la confidencialidad de los
intercambios de correos electrónicos. John Reid, el Comisario
de Información (autoridad independiente encargada de vigilar
el respeto a las libertades civiles en Canadá), se mostró muy
afectado, en un correo dirigido a la presidente del Comité
senatorial de Justicia, Joyce Fairbairn. "Esta ley
representa un golpe fatal para mi independencia ; ¿cómo podría
proteger el derecho a la confidencialidad de los ciudadanos,
frente a esta ley", escribió.
sábado mayo 24, 2014