Para luchar contra el terrorismo, el gobierno italiano hizo que se aprobara, a mediados de diciembre de 2001, una ley que permite aligerar considerablemente el proceso para poner a un sospechoso en escucha y, sobre todo, que autoriza a interceptar correos electrónicos y a conservar los datos de las conexiones y las telecomunicaciones. Gracias a este texto, ha aumentado considerablemente el número de funcionarios de los servicios de policía, y de seguridad, que pueden recurrir a esos procedimientos. En cambio, se ha rebajado el grado, o el nivel jerárquico, de los funcionarios en cuestión, ahora habilitados para llevar a cabo esas misiones.

Finalmente, no pueden divulgarse los nombres de los mencionados funcionarios ni las informaciones relativas a las modalidades de esa interceptación y requisas. Quienes incurran en contravenciones se exponen a condenas de cárcel incondicional. De ahí las preocupaciones de las ONG's, en cuanto a la intrusión de un gran número de funcionarios en los datos relativos a las conexiones a la Red. A finales del año 2001, se promulgó otra ley destinada a reformar los servicios de información.

En virtud de ese texto, los agentes de los servicios secretos civiles (SISDE) y militares (SISMI) pueden, con total impunidad, cometer delitos en el curso de sus misiones, exceptuando matar o herir a personas. Ahora están autorizados el robo, las requisas "secretas" y las escuchas "salvajes", telefónicas y electrónicas.

Silvio Berlusconi dirige el baile en el seno del G8

Italia, que asumía la presidencia del G8 en el momento de los atentados, también puso la primera piedra de una política de "lucha contra la criminalidad en Internet y en el terreno de la alta tecnología", en una declaración oficial del 19 de septiembre de 2001. Esta política se ha traducido en el refuerzo de las prerrogativas, los medios y las actividades de la red ad hoc del G8.

"La red que, en su origen, contaba con dieciséis Estados participantes y que hoy comprende veintiséis, facilita una rápida cooperación de las autoridades policiales internacionales, cuando tienen que reaccionar urgentemente ante situaciones de crimen relacionadas con las altas tecnologías, incluidas las comunicaciones de terroristas y de otros criminales, por medio de redes informáticas", explicaron los expertos de la organización en un balance, con motivo de la reunión, en Canadá, de ocho jefes de Estado y de gobierno, a finales de junio de 2002.

Sin dar más explicaciones, el G8 recordó que "los expertos jurídicos y las autoridades policiales han desarrollado una serie de medidas concretas que permiten determinar el origen, el destino y la trayectoria de las comunicaciones de naturaleza terrorista y criminal, en Internet ; facilitar la obtención de las pruebas electrónicas, necesarias para este fin ; garantizar la preservación de las pruebas electrónicas existentes, para impedir que sean borradas o modificadas".

Las organizaciones de defensa de las libertades digitales, entre otras algunas organizaciones miembros del colectivo GILC, Global Internet Liberty Campaign, recuerdan además que Italia es uno de los Estados que más enérgicamente ha presionado en el Parlamento Europeo para que apruebe la revisión de la Directiva sobre protección de datos de telecomunicaciones (véase capítulo de la Unión Europea). Ese texto, aprobado el 30 de mayo de 2002, instituye la retención de datos de telecomunicaciones y de conexiones a Internet (logs de conexiones).

Esas mismas ONG's ponen el acento en el hecho de que la lista de los logs a conservar en la Unión, después de la revisión de la Directiva, es casi idéntica a la de las recomendaciones formuladas por...los expertos del G8. De ahí a ver la sombra de Italia perfilarse tras las grandes medidas internacionales, no hay más que un paso, que ya han dado un gran número de expertos.

sábado mayo 24, 2014