La deriva de seguridad generada por los atentados del 11 de septiembre desembocó, en el Hexágono, en la aprobación de dos leyes que restringen las libertades digitales.

El gobierno Jospin presentó, en noviembre de 2001, un conjunto de medidas destinadas a luchar contra el terrorismo : la Ley de Seguridad Cotidiana (LSQ). El dispositivo no fue "hecho a medida" para combatir la amenaza terrorista. A toda prisa, se han añadido disposiciones a una osamenta de texto ya existente : la LSI, Ley de la Sociedad de la Información. Votada de urgencia el 15 de noviembre de 2001, y casi por unanimidad después de un debate inexistente, la LSQ fija en un año la duración de la conservación de los datos de conexiones a la Red, y de los datos relativos a los envíos y recepciones de e-mails, por parte de los proveedores de acceso a Internet.

Autoriza a los jueces a recurrir a los "medios del Estado sometidos al secreto de la Defensa nacional", para descifrar los mensajes, y obliga a los proveedores de medios de criptografía a entregar a las autoridades sus protocolos de cifrado, para que éstas puedan, a su vez, descifrar los mensajes. Una serie de disposiciones que equivalen a colocar a Internet bajo estrecha vigilancia, y a lanzar anatema sobre la criptografía. Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión en Internet, Reporters sans frontières, LSIjolie, IRIS, Bug Brother, etc, se indignaron con esta votación, tan rápida, de un texto que no fue objeto de ninguna concertación y que cuestiona el principio de la confidencialidad de los intercambios, profesionales y privados, entre otras cosas el del secreto de las fuentes de los periodistas.






 

sábado mayo 24, 2014