La POTO, Ordenanza sobre la Prevención del Terrorismo, ley promulgada en medio de la confusión de los atentados norteamericanos del 11 de septiembre, permite al gobierno indio vigilar todo tipo de comunicaciones y, a fortiori, las comunicaciones electrónicas, como los e-mails. Y sin necesidad de control judicial ni administrativo.

Los elementos recogidos en la interceptación de mensajes, decretada por los servicios de seguridad, pueden utilizarse como cargos contra un sospechoso, ante un tribunal. Los periodistas, usuarios privilegiados de Internet y del correo electrónico en India, estaban particularmente amenazados por la primera redacción de la ley que, en efecto, estipulaba que los reporteros que no transmitieran a las autoridades los elementos que tuvieran sobre terroristas, o sobre organizaciones calificadas como tales, podían ser castigados hasta con cinco años de cárcel.

El texto, criticado duramente por la oposición, y por los organismos de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, ha sido modificado. Finalmente, los diputados retiraron el artículo que obligaba a los periodistas a revelar sus informaciones, relacionadas con los casos terroristas.






 

sábado mayo 24, 2014