La deriva de
seguridad generada por los atentados del 11 de septiembre
desembocó, en el Hexágono, en la aprobación de dos leyes que
restringen las libertades digitales. El gobierno Jospin
presentó, en noviembre de 2001, un conjunto de medidas
destinadas a luchar contra el terrorismo : la Ley de Seguridad
Cotidiana (LSQ).
El dispositivo no
fue "hecho a medida" para combatir la amenaza terrorista. A
toda prisa, se han añadido disposiciones a una osamenta de
texto ya existente : la LSI, Ley de la Sociedad de la
Información. Votada de urgencia el 15 de noviembre de 2001, y
casi por unanimidad después de un debate inexistente, la LSQ
fija en un año la duración de la conservación de los datos de
conexiones a la Red, y de los datos relativos a los envíos y
recepciones de e-mails, por parte de los proveedores de acceso
a Internet. Autoriza a los jueces a recurrir a los "medios del
Estado sometidos al secreto de la Defensa nacional", para
descifrar los mensajes, y obliga a los proveedores de medios
de criptografía a entregar a las autoridades sus protocolos de
cifrado, para que éstas puedan, a su vez, descifrar los
mensajes.
Una serie de
disposiciones que equivalen a colocar a Internet bajo estrecha
vigilancia, y a lanzar anatema sobre la criptografía. Las
organizaciones de defensa de la libertad de expresión en
Internet, Reporters sans frontières, LSIjolie, IRIS, Bug
Brother, etc, se indignaron con esta votación, tan rápida, de
un texto que no fue objeto de ninguna concertación y que
cuestiona el principio de la confidencialidad de los
intercambios, profesionales y privados, entre otras cosas el
del secreto de las fuentes de los periodistas.
sábado mayo 24, 2014